En episodios anteriores, la tremenda historia de los bombines defectuosos de General Motors nos dejó intrigados por conocer cómo se resolvería el caso, más teniendo en cuenta los tintes de thriller que adquirió en determinados momentos. La resolución ya está sobre la mesa. General Motors tendrá que pagar por engañar a los consumidores y esconder información a la NHTSA.
La Fiscalía acordó con General Motors el pago de 900 millones de dólares para evitar que se lleve a juicio a ningún trabajador, y para que se posponga durante tres años el proceso contra la automovilística. La cuantía ha quedado un 25% por debajo del récord que supuso el año pasado el desembolso de Toyota por el Pedalgate, que ascendió a 1.200 millones de dólares. El acuerdo no ha contentado a los familiares de las víctimas.
Los bombines afectados permitían que la llave de contacto girara libremente, lo que desconectaba el motor del vehículo y los circuitos asociados, como la dirección asistida o el servofreno. Muchas de esas desconexiones involuntarias se produjeron cuando los coches afectados estaban en movimiento, poniendo en riesgo a los ocupantes del vehículo y a cualquiera que se encontrara en sus proximidades.
Más de 2,6 millones de coches tuvieron que ser revisados por este problema de diseño en los bombines de las llaves de contacto, principalmente el Chevrolet Cobalt y el Saturn Ion. Y se considera que el defecto de diseño en los bombines fue la causa de 124 muertes en Estados Unidos.
Tabula rasa para el gigante de Detroit
La directora general de General Motors, Mary Barra, despidió a 15 empleados y expedientó a cinco más el año pasado tras probarse de forma inequívoca, en el transcurso de una investigación interna, que la firma automovilística tuvo conocimiento del problema en 2005 pero lo ignoró casi una década. Es decir, hasta 2014, año que la directora ejecutiva abrió estrenándose en el cargo.
De hecho, la buena predisposición de la General Motors presidida por Mary Barra ha sido uno de los puntos que más ha tenido en cuenta la Fiscalía, que destaca la agilidad de la negociación: les ha llevado 18 meses, frente a los cuatro años que pasaron el caso de Toyota. A nadie se le escapa, sin embargo, que las formas también han sido diferentes en este caso. Si con Toyota el anuncio de la cuantía se realizó casi como una declaración de guerra, en el caso de General Motors el acuerdo se anunció con unas formas mucho más comedidas. Demasiado, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.
Lo cierto es que los fiscales encargados del caso fijaron su atención en el periodo comprendido entre la primavera de 2012 y febrero de 2014, cuando se produjeron las llamadas masivas a revisión, y dejaron en un segundo plano el retraso de una década en el que incurrió General Motors al esconder el problema. También es cierto que General Motors no levanta cabeza, y que desde 2009 necesita un rescate de 49 mil millones de dólares, a lo que se le añade ahora una previsible pérdida de imagen ante los consumidores. Mejor no hacer leña del árbol caído.
Todo indica que estamos ante una tabula rasa que no puede contentar a los demandantes que, en Estados Unidos y Canadá, exigen algo más del gigante automovilístico de Detroit, no sólo por las muertes causadas, sino por un problema adicional al que se enfrentan ahora: la depreciación en el mercado de ocasión de los coches marcados por el escándalo de los bombines defectuosos. Lejos de cerrarse, este caso puede seguir abriendo heridas durante mucho tiempo.
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