Ríos de tinta han corrido ya para hablar del escándalo de Volkswagen, que como hemos visto ha sacudido la industria hasta extremos inimaginables. Hoy vamos a centrarnos de nuevo en la llegada del nuevo ciclo de homologación NEDC, con una novedad que se relaciona con el fraude de las emisiones del fabricante alemán.
Ocurre que esto ha servido de incentivo para que la Unión Europea acelera sus planes con este y otros asuntos relacionados con las emisiones contaminantes. Así hemos sabido que el nuevo método de homologación está programado para el mes de septiembre de 2017, pero los fabricantes van a contar con un período de adaptación hasta 2019. A esto se opone un grupo de países, encabezados por Alemania. No es que estén en contra de la idea, todo lo contrario, el tiempo les parece insuficiente, lo que nos sirve para imaginar cuán preocupantes deben de ser las emisiones reales.
Para que la propuesta del nuevo ciclo NEDC salga adelante necesita una mayoría amplia en la votación por parte de los estados miembros. Desde la Comisión Europea, que es la encargada de impulsar el nuevo programa de homologación, no dejan de criticar la postura de Alemania que arrastra además a Austria, Hungría, la República Checa y Eslovaquia.
En la Comisión creen que todo lo que sea clarificar la situación es vital para recuperar la confianza en la industria de la automoción europea. Como decimos, el tiempo de adaptación para los fabricantes iría hasta septiembre de 2019 e implicaría que los modelos podrían exceder hasta un 60% con respecto los niveles que establece la norma Euro 6.
Las emisiones reales son un 500% más altas
La Comisión concede ese margen porque creen que es imposible pedir a los fabricantes que actualicen sus emisiones al mundo real en tan poco tiempo. Calculan que de media estas son entre un 400% y 500% más elevadas de lo que se mide en los laboratorios. De este modo, la presión alemana cobra mucho sentido industrial, pero no tanto sentido común.
Las autoridades de aquel país se mueven en un terreno fangoso en el que se pretende por una parte limpiar la imagen del grupo Volkswagen a través del castigo que corresponda, y por otra, siguen presionando a las instituciones europeas tratando de retrasar medidas medioambientales que perjudican a las motorizaciones diésel. Este tipo de presiones políticas ya han tenido éxito en alguna otra ocasión, como por ejemplo, con el objetivo de CO2 para 2021, y bien podrían volver a funcionar.
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