Parecía que las aguas se habían calmado en el caso de los bombines defectuosos de General Motors, ya que en enero el regulador del mercado estadounidense estableció el pago de un millón de dólares por una negligencia fiscal. Pero no ha terminado aquí. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la apelación del grupo automovilístico para intentar bloquear las demandas de los clientes en relación con el fallo en el interruptor del dispositivo de arranque de sus modelos anteriores a 2009. Se calcula que las demandas podrían alcanzar un valor de unos 10.000 millones de dólares.