
Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, se desespera ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones con el grupo alemán. Los esfuerzos de Jourova por obtener una compensación para los afectados en Europa han sido obstaculizados por los amigos que el lobby del motor encuentra en países liderados por Alemania e Italia.

Lo que diferencia la situación a uno y otro lado del charco es que, cuando se destapó el escándalo, fueron la propia Administración estadounidense y la Agencia de Medio Ambiente los que sumieron a la compañía en un bucle de multas, compensaciones, rellamadas y la persecución judicial de la cúpula. En Alemania, los directivos se escudan en su país, que no los extraditará para hacer frente a la misma suerte que sus homólogos estadounidenses, algunos ya entre rejas y paseándose con grilletes ante las cámaras de Detroit, como Oliver Schmidt.
El romance entre la industria y las capitales europeas

Los denominados grupos de presión ponen toda la carne en el asador para impedir que los gobiernos acorralen al diésel. El lobby industrial ha conseguido durante décadas frenar los intentos de aprobar límites de emisiones más estrictos. Müller por su parte, alegó en 2016 que no es viable económicamente compensar a los 8,5 millones de afectados en Europa hasta que no haya necesidad de hacerlo. La canciller Angela Merkel sigue retrasando una respuesta ante el temor de que el escándalo afecte a su industria.
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