El 24 de septiembre está cada vez más cerca, y la canciller alemana Angela Merkel está explotando al máximo su estrategia para volver a ganar las elecciones presidenciales. ¿Y qué estrategia será, teniendo en cuenta que Alemania pasa por un tremenda crisis en una de sus principales industrias? Pues usar de manera indiscriminada el tema del medio ambiente y atacar a las altas esferas de la industria de la automoción.
Las últimas declaraciones de la canciller animan a los consumidores alemanes a que presenten demandas colectivas contra la industria por fabricar motores diésel excesivamente contaminantes. Un plan que podría hacerse efectivo tras el 24 de septiembre.
¿Busca Merkel el voto de los afectados?
En junio conocíamos que la guerra que ha mantenido la Comisión Europea con Volkswagen ha servido de poco. La negativa a compensar a los consumidores europeos desesperaba a Bruselas mientras Angela Merkel se mostraba indecisa ante qué situación afectaría menos a su industria.
Finalmente, desde la Comisión Europea nos llegaba la noticia de que la firma alemana no se ocupará de los consumidores europeos, ya que no era viable económicamente compensar a los 8,5 millones de afectados en Europa hasta que no hubiera necesidad de hacerlo. Dos años extra de garantía será la máxima concesión que obtendrán los europeos afectados por el fraude de las emisiones.
Pero el silencio de Merkel se ha roto súbitamente ante unas elecciones que es más que factible que gane; ahora acusa a los fabricantes de haber dilapidado la reputación del sector y que solo los directivos de la industria automovilística serán capaces de restaurar la confianza perdida. Pero hay más. En sus últimas declaraciones en campaña deja abierta la posibilidad de agrupar demandas colectivas contra las compañías que hayan falseado las emisiones de sus motores diésel, ya que así lo estipula la ley alemana.
Parece que quiere a los afectados de su lado, aunque a Alemania no le interesa el colapso de las ventas de motores diésel. En España ya se está llevando a cabo la formación de un grupo de bufetes de abogados seleccionados por la Audiencia Nacional. El objetivo es que los 60.000 afectados que hay en España obtengan una indemnización, y este tribunal pueda canalizar las demandas para evitar acusaciones particulares.
La imagen de la industria automovilística alemana socavada
Desde que saltara a la luz en entramado del fraude de las emisiones del Grupo VAG, la industria automotriz alemana ha ido enfrentando un golpe tras otro: una acusación de cártel orquestado por Volkswagen, BMW, Audi, Daimler y Porsche, una cumbre del diésel que ha dejado un sabor de boca amargo y una prohibición de circulación de vehículos diésel en Stuttgart.
Dicha prohibición, que no tiene fecha de cumplimiento, fue impulsada por la organización Deutsche Umwelthilfe y su combativo presidente, Jürgen Resch. Esta organización calificó públicamente la cumbre del diésel de enorme fracaso, ya que menos del 20% de los 15 millones de vehículos diésel que existen en Alemania son alcanzados por la medida.
Austria también se ha subido al carro alemán comprometiéndose, en un acuerdo con Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault y BMW, a actualizar el software de 600.000 vehículos diésel de aquí a la primavera de 2018. El plan incluye beneficiar con incentivos a los compradores de coches ecológicos con hasta 10.000 euros por vehículo. Esta hecatombe se ve desde fuera como una enorme bola de nieve que desciende ladera abajo.
¿Cómo va a sobrevivir a esto el sector automovilístico, el mayor exportador de Alemania y proveedor de unos 800.000 puestos de trabajo y que factura cada año unos 450.000 millones de euros? Bueno, simplemente, sobrevivirá tal y como lo está haciendo hasta ahora: sin grandes pérdidas y con un consumidor que espera a ver qué pasa antes de comprar el próximo diésel. Y mientras unos se dedicaban a camuflar la realidad, otros, como el Grupo PSA, ya disponen de motores en sus gamas que cumplen las normativas que entrarán en vigor en 2020.
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