
La sanción es la mayor jamás impuesta contra un fabricante de automóviles en la Historia de los Estados Unidos, y la cifra queda lejos de los 1.200 millones impuestos en su día a Toyota por el Pedalgate o los 900 millones de General Motors por el asunto de los bombines defectuosos. Como sabemos, Volkswagen tenía interés en que el proceso no se dilatase más aún en el tiempo. A los riesgos derivados de una potencial pérdida de imagen entre sus clientes norteamericanos se suma la incertidumbre de lo que puede suceder a partir de que Donald Trump asuma el cargo de presidente de los Estados Unidos, según han comentado estos días los analistas del Motor de Washington. Por este motivo Volkswagen ya asumió el pago de 15 mil millones de dólares a concesionarios y clientes.
Altos cargos de Volkswagen se sentarán en el banquillo

Entre las acusaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra seis supervisores de la firma alemana de automoción están mentir a los reguladores medioambientales y destruir archivos de ordenador que contenían pruebas de los delitos cometidos hasta que se destapó el caso en septiembre de 2015. En esta trama de ocultación de pruebas podrían haber estado implicados hasta 40 trabajadores de Volkswagen. Por su parte, la firma de Wolfsburg ha reiterado su compromiso para ayudar en el esclarecimiento de los hechos, para lo que ha acordado nombrar un auditor independiente que supervise las medidas que se lleven a cabo durante los próximos tres años.
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