
Fomento ha explicado que el nuevo marco legal obedece a la necesidad de mejorar la regulación en el sector de las VTC, de forma que se asegure la convivencia ordenada con el sector del taxi. También se persigue poner fin a las prácticas especulativas de quienes hayan podido hacerse con licencias de VTC para especular con ellas. La reforma legal llega seis semanas después de conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la concesión de nuevas licencias VTC en la Comunidad de Madrid.

Fomento no se ha pronunciado, en cambio, sobre el problema de la especulación con las licencias de taxi, que castiga económicamente al sector desde que se congeló la concesión de nuevas licencias, hace ya dos décadas. El requisito de llevar a cabo un registro único todas las operaciones de las VTC persigue evitar que Uber o Cabify puedan buscar clientes en la calle, en los aeropuertos o en las estaciones de ferrocarril, donde la ley prohíbe expresamente que estas empresas compitan en metodología con el taxi.

Por otra parte, el registro único estatal permitirá un control territorial en cuanto a la prestación de servicios con VTC. La ley permite que las empresas de este sector operen fuera de su Comunidad Autónoma sólo hasta en un 20% de los servicios prestados. Si superan esta cuota, pueden ser sancionadas.
Reacciones dispares, aunque esperables

Según sus impresiones, esta normativa protege al monopolio del taxi en contra del interés general. De hecho, los VTC se lamentan de que un sector haya impuesto la norma directamente a su competidor. Ni siquiera todos los taxistas aprueban la forma de actuar de Fomento. Aunque Fedetaxi entiende que la norma supone un paso más en la dirección correcta, su presidente, Miguel Ángel Leal, ya ha expresado su rechazo a las explicaciones del Ministerio sobre esta inminente nueva regulación de la actividad de las VTC, por considerar que estas han sido insuficientes.
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