La Unión Europea existe, y está dispuesta a sancionar a los fabricantes con 30.000 euros por cada coche que incumpla los niveles de emisiones. La novedad está en que se evaluarán los vehículos puestos en circulación y, por tanto, no se quedarán las comprobaciones en los procesos de homologación previa.
El proyecto de reglamentación sobre la homologación de vehículos que han pactado los ministros de Industria de la Unión Europea se aleja así de la filosofía que se venía aplicando hasta ahora, según la cual un vehículo podía evaluarse una sola vez para obtener la conformidad, y con engañar el control en esa única ocasión ya lo tenía todo hecho.
A la sombra del Dieselgate de Volkswagen
A nadie se le escapa que este cambio de rumbo viene empujado por el fraude de las emisiones de Volkswagen, un escándalo que ha conocido réplicas incluso dos años después, como recuerda la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska: Seguimos oyendo acusaciones, revelaciones e investigaciones. Es hora de que tengamos un sistema de homologación creíble y a prueba de fraudes.
Y ese sistema de homologación creíble y a prueba de fraudes pasa por evaluar los vehículos en su hábitat natural, en la carretera, fuera de los rígidos parámetros que rigen en un banco de laboratorio, y que se pueden trazar fácilmente para eludir los controles, tal y como demostró el engaño de Volkswagen, y quizá no sólo de Volkswagen.
BMW, Mitsubishi, FCA, General Motors, en general, y también Daimler además de Renault se vieron envueltas en sospechas de todo tipo, aunque la mayoría de las marcas salieron airosas de las investigaciones sobre fraudes en las mediciones de emisiones.
Sin embargo, la Unión Europea quiere desterrar la imagen de pasividad que la rodea desde que se destapó en Estados Unidos el escándalo de Volkswagen. Impulsando que se midan las emisiones en condiciones reales, busca aprovechar este cambio para promover una modificación no menor: que cada Estado miembro analice lo que hacen sus fabricantes.
Garantizado por muestreo irrisorio
Esto es así porque, hasta ahora, Bruselas no tenía capacidad sancionadora sobre lo que hacía cada empresa en cada país. Era competencia de los Estados miembros de la Unión Europea donde tienen su sede las empresas, velar por que estas cumplieran la ley. Traducido al caso de Volkswagen, Alemania debería haber sancionado a su principal fabricante de automóviles. ¿Quién habló de conflictos de intereses?
Con el nuevo reglamento de homologación, la Comisión Europea podrá controlar y sancionar a los infractores. También se prevé que sean los Estados miembros los que analicen los vehículos que estén en sus territorios. La mala noticia es que se analizará una muestra absolutamente insignificante del parque automovilístico europeo. La idea es que cada país verifique al menos uno de cada 50.000 vehículos matriculados. En España, por ejemplo, bastará con evaluar 29 vehículos al año. Trasladando el dato al caso Volkswagen, de los casi 3,5 millones de vehículos que vende cada año el fabricante alemán en Europa, sólo 70 unidades pasarían bajo la lupa.
Irrisorio, sin duda, pero más de lo que hay hoy en día. La pretensión de la Comisión Europea es que la muestra alcance al 20% de los vehículos que circulan por las carreteras de la Unión, y de hecho en la negociación del redactado definitivo intentarán aumentar la cifra de vehículos que se evalúan cada año en los Estados miembros. Con todo, y mientras llega el momento de conocer cómo queda el escenario definitivo, el proyecto servirá, a criterio de Bruselas, para que los fabricantes cumplan de manera estricta con los diferentes requisitos de seguridad, medio ambiente y fabricación que se piden a los vehículos.
Muestra de estos requisitos y como estrategia de compromiso y transparencia quedan acciones como las llevadas a cabo por PSA, que ha publicado el consumo en carretera de sus vehículos Citroën, Peugeot y DS con condiciones lo más realistas posibles, lo que evidencia la diferencia respecto a la homologación del ciclo actual. También entra dentro del mismo pliego normativo la modificación sobre cómo se pagan los controles de homologación. La idea es evitar que sean los fabricantes quienes pagan a los laboratorios, y potenciar que los Estados cobren a los fabricantes una tasa con la que se sufragarían los costes de los prestatarios del servicio. De esta manera, confían en eliminar toda sombra de sospecha sobre la relación entre evaluadores y evaluados.
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