El Reino Unido ha expresado su hartazgo con los sucesivos escándalos en la industria automotriz a través de contundentes medidas que prevé poner en marcha. El gobierno británico ha comunicado así sus planes de penalizar a los fabricantes de automóviles que intenten engañar en las emisiones de gases contaminantes. Y quieren hacerlo con cargos penales que vayan más allá de las normas europeas.
Sabemos que Oxford se ha unido a la tendencia de desterrarlo todo menos los vehículos alternativos. La fecha está fijada en 2020, año en el que se prohibirá la entrada al centro de vehículos diésel y gasolina. Desde el Consejo Municipal de Oxford han declarado que todos los que utilizan vehículos gasolina o diésel contribuyen a empeorar el aire tóxico de la ciudad, y que eso tiene que cambiar. Y ante el alud de escándalos por parte de la industria del motor, con centro neurálgico en Alemania, el gobierno británico va a endurecer su legislación ante el engaño.
Las medidas, que se han sometido a consulta pública, tienen como objetivo evitar que se repita el escándalo del Grupo Volkswagen que afectó a 1,2 millones de automóviles en Gran Bretaña. Recordemos que en Europa no ha habido compensación alguna a los afectados. La nueva legislación, que incluye cargos penales y multas económicas, podría extenderse a todas las importaciones que introduzcan productos no conformes al Reino Unido.
Las propuestas se presentarán en una consulta gubernamental, otorgando a la industria automotriz y otras partes interesadas la oportunidad de expresar su opinión antes de que se forme una nueva normativa. Gran Bretaña ya advirtió que prohibirá la venta de todos los nuevos automóviles diésel y gasolina a partir de 2040, siguiendo los planes de Francia y los alcaldes de París, Madrid, Ciudad de México y Atenas, que pretenden prohibir los vehículos diésel de sus centros urbanos en 2025.
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